Una de las tantas pérdidas que sufrió la clase obrera antes de la llegada de la Revolución Bolivariana fue el carácter retroactivo de las prestaciones sociales, una reivindicación eliminada por la cúpula empresarial y sindical, que fue propiciada por el gobierno de Rafael Caldera.
Para entonces, el ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, explicaba al país que la eliminación del beneficio para la clase obrera, "ayudaría" a la generación de empleo y "estimularía" al aparato productivo. Sin embargo, los resultados en diciembre de 1997 dijeron lo contrario.
Para el cierre de ese año, los indicadores mostraban al país con un decrecimiento económico de 4,8%, un salario mínimo por debajo de los 100 mil bolívares que sólo permitía adquirir 22,94% de la canasta básica, y una tasa de desempleo que superaba el 11%.
Acuerdo tripartita
La propuesta que eliminaría el carácter retroactivo de las prestaciones se negoció en una comisión tripartita conformada por Fedecámaras, la CTV y Petkoff, como representante del Ejecutivo.
Entretanto, los movimientos sindicales aseguraban que no aceptarían ningún tipo de modificaciones, ni la eliminación de los conceptos que conformaban el régimen de prestaciones sociales porque constituían "un derecho individual e irrenunciable y formaba parte del patrimonio de la familia".
Por tal motivo, la clase obrera puso sobre la mesa sus exigencias. Una de las principales solicitudes era ponerle freno a la política gubernamental de aumentar el salario por la vía de bonos.
No obstante, el gremio empresarial rechazaba en su totalidad las propuestas presentadas por el sector laboral por considerar "que sobrepasaban la realidad económica del país", por lo que anunciaron la elaboración de un proyecto que llevarían a la comisión tripartita.
Los intereses del empresariado prevalecieron y fue así como el 2 de marzo de 1997, la comisión acordó la eliminación del beneficio y tres meses más tarde, Caldera firmó el ejecútese de la Ley del Trabajo (LOT).
El nuevo instrumento dejó en manos del sector privado cualquier aumento salarial y el gobierno se mostró convencido de que los empresarios iban "a responder a su sagrado compromiso de abrirles nuevos caminos, nuevos medios de remuneración a los trabajadores venezolanos", tal como lo recoge el libro Cronología de una Implosión.
Más para el patrono, menos para el trabajador
El triunfo de los empresarios por encima de la clase obrera significó que los trabajadores aceptaran recibir la liquidación anual de sus pasivos laborales, la eliminación de la retroacctividad y el pago fraccionado de lo que les adeudaban los patronos.
Si bien la reforma laboral obligaba a redefinir el concepto de salario con la inclusión de los bonos en el sueldo normal, el gremio empresarial había logrado su cometido: evitar que "las compensaciones, por lo general mensuales, tuvieran el temido efecto retroactivo", explica la Revista Dinero.
Luego de la aprobación de la reforma a la LOT, Miguel Rodríguez, ex ministro de Coordiplan y del Banco Central de Venezuela, declaró a los medios que los sindicalistas habían aceptado la eliminación de las prestaciones 'a cambio de simples promesas".
Y en efecto fue así. Aunque el gobierno de Caldera había expresado su confianza en que el gremio empresarial incrementaría voluntariamente el sueldo a los trabajadores luego del cambio de régimen de prestaciones, no hubo aumento salarial ni más empleo.
El Balance de la Comisión de Asuntos Sociales señaló que durante el año 1997, más de 80% de la población fue sometida a un salario que se mantuvo alrededor los 75 mil bolívares (sueldo mínimo para la época).
Las medidas en perjuicio de los venezolanos continuaron el año siguiente. El 26 de febrero de 1998, el Ejecutivo ordenó congelar los aumentos de jubilaciones y pensiones, por debajo del salario mínimo porque "no había condiciones para la homologación".
Asimismo, Caldera acordó incrementar la edad para ingresar en el sistema de seguridad social, mientras más de 800 mil ancianos vivían en pobreza crítica y apenas 300 mil recibían pensión.
La opción socialista
Con la llegada del Presidente Hugo Chávez Frías al poder en 1999, las políticas para la clase trabajadora han dado un vuelco. Gracias al carácter socialista de la Revolución Bolivariana, se ha garantizado la estabilidad del empleo, impulsado el aumento del salario mínimo e implementado políticas sociales integrales que permiten el acceso gratuito a la salud, a la educación y a la recreación.
Sólo en el último año, el Ejecutivo Nacional ha firmado las contrataciones colectivas de los sectores petrolero, de salud y educación, y decretado el aumento de 25% al sueldo mínimo, que en septiembre sobrepasará los mil 200 bolívares fuertes, monto que mantiene a Venezuela en el tope de los salarios en comparación con el resto de América Latina.
En la presentación del informe anual del Presidente, Hugo Chávez Frías, el mandatario enfatizó que pese a la crisis económica mundial, su gobierno mantendrá la asignación presupuestaria a los proyectos sociales porque el objetivo de su gestión es "ofrecerle al pueblo la mayor suma de felicidad posible", cuestión que contrasta con las medidas asumidas por las administraciones capitalistas, que incluso propusieron desmejorar los beneficios de los trabajadores para beneficiar a los patronos.
Asimismo, en el seno del Parlamento venezolano se discute una nueva Ley Orgánica del Trabajo que prevé, entre otros aspectos, devolver el carácter retroactivo de las prestaciones sociales y contribuir al fortalecimiento del movimiento sindical.
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