Cuando fue evidente que el Presidente Hugo Chávez no era “comprable”, activaron el plan para derrocarlo. Trabajando en conjunto con los empresarios, políticos y militares tradicionalmente aliados de Estados Unidos, ejecutaron un golpe de Estado contra Chávez en abril 2002 con la intención de no solamente derrocarlo del poder, sino también asesinarlo. Documentos del Departamento de Estado de los días previos al golpe afirman que existía un plan para asesinar a Chávez durante el golpe. Incluso, el propio asistente secretario de Estado de ese momento, Otto Reich, ha afirmado que ellos sabían de un plan de magnicidio contra el Presidente Chávez en 2002. El mismo Chávez contó una vez durante un discurso público que el embajador estadounidense, Charles Shapiro, quien tuvo un papel principal como coordinador de la desestabilización en su contra, lo había llamado durante las semanas previas al golpe para informarle sobre el plan de asesinarlo que estaban preparando algunos sectores de la oposición. Parece que Washington estaba jugando el doble filo, por ser caso.

No obstante, debido al gran apoyo que tenía Chávez dentro del pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas leales, ese plan de magnicidio fue impedido, y el golpe derrotado.

Pero el plan se mantenía activo. Washington incrementó su financiamiento multimillonario a grupos de la oposición, estableció una “Oficina de Iniciativas hacia una Transición” de la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos (USAID) en Caracas, y comenzó a mover sus piezas dentro de los medios privados y la industria petrolera. De diciembre 2002 hasta febrero 2003 lograron el saboteo económico más dañino en la historia del país, casi destruyendo la industria petrolera y la empresa estatal PDVSA, causando más de 20 mil millones de dólares en daños a la economía venezolana. El Gobierno de Estados Unidos llamaba para “elecciones anticipadas”, para sacar al Presidente Chávez, a pesar de que ese concepto no estaba previsto en la Constitución.